TEORÍA ECONÓMICA DE LA DEMOCRACIA. Apuntes de la Universidad de Barcelona UB (1996)

TEORÍA ECONÓMICA DE LA DEMOCRACIA 

            El análisis de las elecciones colectivas y los procesos de votación en una democracia directa reviste una gran importancia en el estudio del funcionamiento y los criterios de adopción de decisiones en los entes públicos. El estudio de la democracia representativa se ha ocupado básicamente de la conducta de los políticos o representantes durante el período electoral y el período de gobierno, la conducta de los votantes y de los resultados que se obtienen con una democracia representativa.

El modelo competitivo de la política de Anthony Downs

            El gobierno de los Estados democráticos y la política de partidos en las democracias han sido temas de debate permanente en el seno de la ciencia política. Aceptando que los votantes son seres humanos racionales que tratan de maximizar su utilidad, el problema básico a resolver consiste en determinar la variable a maximizar por el político o representante. Anthony Downs propuso la «maximización de los votos» como objetivo clave del político, partiendo de la hipótesis fundamental de que los partidos elaboran sus políticas con el fin de ganar las elecciones, en lugar de ganar las elecciones para poder aplicar las políticas adecuadas. Dicho modelo tiene en cuenta un gran número de factores y variables, que contribuyen a obtener una visión de conjunto del funcionamiento de una democracia.

            En primer lugar es preciso definir el marco general sobre el que se desarrolla el modelo. En este sentido, un sentido políticodemocrático es aquel que cumple las siguientes condiciones:

            1) El gobierno será ejercido por un solo partido, o coalición de partidos, designado mediante una elección pública de carácter periódico entre dos o más partidos.

            2) El partido que cuente con el apoyo de la mayoría de los votantes asume el control del aparato gubernamental hasta las siguientes elecciones.

            3) Los partidos que pierdan en unas elecciones nunca tratan de impedir por la fuerza, o por medios ilegales, que el partido o partidos vencedores se hagan cargo del poder.

             4) Todos los residentes permanentes y adultos de la sociedad, que gocen de plenas facultades psíquicas y cumplan las leyes del país, pueden votar en todas las elecciones que se celebren.

            En cuanto hace referencia a la naturaleza de los partidos políticos, Downs establece las siguientes axiomas: 

  1. Cada partido político está formado por un conjunto de individuos que desean ser elegidos con el fin disfrutar de la renta, el prestigio y el poder que supone pertenecer al partido del gobierno.
  2. El partido que detenta el poder tiene pleno control sobre la acción gubernamental hasta las siguientes elecciones.
  3. El poder económico de los gobiernos es ilimitado, pudiendo nacionalizar o privatizar cualquier institución o adoptar cualquier medida intermedia entre ambas opciones.
  4. El ejercicio del poder por parte del partido en el gobierno tendrá como única limitación la de no restringir de ningún modo la libertad política de los partidos en la oposición o de los ciudadanos individuales.
  5. Cada agente, en el modelo: individuo, partido o coalición, se comporta en todo momento «racionalmente», es decir, trata de obtener sus fines con una utilización mínima de los recursos escasos de que dispone, y emprende acciones siempre que los beneficios adicionales superen los costes adicionales de las mismas.

            A partir de estas definiciones se obtiene la hipótesis básica del modelo. El gran economista Joseph A. Schumpeter introdujo la idea de que en una sociedad democrática los políticos no son ideólogos, sino simples empresarios que tratan de obtener votos vendiendo programas, comportándose como cualquier empresario en un mercado determinado. En este sentido, el comportamiento del político en una democracia tenderá a maximizar el número de votos que espera recibir, comportándose, pues, como un empresario que vende su política a cambio de votos, para cuya obtención debe competir contra otros partidos, conformando entre todos un mercado de tipo oligopolístico.

            En el desarrollo del modelo es preciso establecer un conjunto de preposiciones que describan las relaciones existentes entre un gobierno de tipo democrático y sus ciudadanos-votantes. Estas relaciones pueden sintetizarse como sigue:

  1. La actuación del gobierno se orientará en función de la conducta esperada de los votantes y de la estrategia de los partidos de la oposición.
  2. El gobierno espera que la conducta de los votantes esté determinada por las variaciones en su renta o utilidad como consecuencia de la política gubernamental y por las estrategias de los partidos de la oposición.
  3. Los votantes actúan, en realidad, de acuerdo con las variaciones en su renta o utilidad y con alternativas ofrecidas por la oposición.
  4. La renta o utilidad que obtienen los votantes como consecuencia de la actuación gubernamental depende directamente de las acciones emprendidas por el gobierno durante el período de su mandato.
  5. Las estrategias políticas y electorales de los partidos de la oposición dependerán de sus previsiones sobre la renta o utilidad que obtendrán los votantes como consecuencia de las acciones tomadas por el gobierno en el poder.

            Partiendo del hecho de que, en realidad, las diversas sociedades en que nos movemos son mundos en los que no existe una información perfecta a disposición de los diversos agentes, nos centraremos en el análisis de los efectos producidos por el conocimiento imperfecto sobre la acción política que se desarrolla en una democracia. Precisando más, el conocimiento imperfecto implica que los partidos no siempre conocen con exactitud los deseos de los ciudadanos; que los ciudadanos a menudo desconocen lo que el gobierno y la oposición han hecho, hacen o deberían hacer para atender a sus intereses, y que la información necesaria para superar ambos tipos de ignorancia es difícil de obtener y de asimilar.

La conducta de los partidos

            El funcionamiento de un sistema con información imperfecta tiene como consecuencia la existencia de un determinado número de votantes que, por carecer de información adecuada, se sienten indecisos en cuanto a la elección del partido político sobre el que depositan su confianza. Por otro lado, la ignorancia del gobierno sobre los deseos de los votantes tiende a transformar a un gobierno democrático en un gobierno representativo, al hacerse necesaria la existencia de unos agentes o representantes que estudien los deseos del electorado y traten de orientar sus votos en beneficio propio. Como hemos apuntado anteriormente, la influencia del voto individual sobre el resultado electoral es poco importante, lo que no contribuye a incentivar al votante para que busque información completa sobre los temas a debatir en la campaña electoral. De estos hechos se derivan dos importantes consecuencias que condicionan los programas electorales de los diversos partidos.

            Una vez vistas las tendencias fundamentales que guían a los diferentes partidos en la definición de las líneas básicas de su programa electoral, cabe preguntarse por el funcionamiento del proceso clave ante toda votación pública: la campaña electoral. Kristian Palda elaboró un modelo diferente a los gastos de la campaña electoral en el que, a través de tres ecuaciones, relaciona el número de votos conseguido por un candidato, su imagen pública y sus gastos de campaña.

            Un aspecto que conviene tener muy en cuenta en el estudio de las campañas electorales es el relativo a la duración del período de disfrute del poder si ganan las elecciones. En definitiva, y partiendo de la hipótesis básica de que en una democracia los partidos tienen como objetivo fundamental la maximización del número de votos, Downs establece una serie de proposiciones contrastables sobre el comportamiento de los partidos políticos que, en síntesis, son las siguientes:

            El principal objetivo de todos los componentes de un partido es la consecución del poder, con todas las ventajas y privilegios que ello comporta.

            El número de partidos existente condiciona en gran medida el funcionamiento del sistema democrático.

            En el sistema multipartidista, las dificultades para llegar a controlar mayoritariamente el aparato gubernamental provocan con frecuencia la aparición de coaliciones, explícitas o implícitas, que inducen al gobierno a adoptar políticas menos decididas y efectivas, a la par que más desconexas que en el sistema bipartidista.

            El statu quo imperante en un sistema determinado puede verse modificado con la aparición de nuevos partidos en la escena política, como consecuencia de variaciones en las leyes electorales que alteren sustancialmente la situación en las leyes ciudadanas en ese terreno.

            Por último, y teniendo en cuenta comportamientos de los votantes y la existencia de elecciones con carácter periódico, los partidos políticos, una vez elegidos, tratan de cumplir tantas cuantas promesas electorales les sea posible, manteniendo posiciones ideológicas consecuentes a lo largo del tiempo, salvo en el caso que sufran derrotas, ya que entonces tratarían de modificar su ideología, adaptándola en lo posible a las ideas mayoritarias de la población.

La conducta de los votantes

            En una democracia representativa, la conducta de los votantes constituye la pieza clave que, junto al estudio de la conducta de los partidos nos permite obtener una visión global del proceso político. Teniendo en cuenta que la información es costosa, la actividad del votante debe estar orientada a la selección de un conjunto concreto de datos sobre el total de los existentes, ya que su obtención y asimilación implica una serie de costes en términos de dinero y de tiempo.

            En términos de racionalidad económica, la cantidad óptima de información a obtener por el votante sería de una magnitud tal que el coste de obtener una unidad adicional de información no fuera superior al beneficio que puede representar su obtención. También se ha comprobado, en la práctica que la participación del votante se relaciona directamente con la probabilidad esperada de que la emisión del voto individual pueda influir sobre el resultado final de la votación,

            La hipótesis sustentada en el modelo del votante racional posee una gran cantidad de datos que permiten su verificación, y, tal como indican Ashenfelter y Kelley, la variable más relevante que permite explicar la abstención por parte del votante consiste en la variación de sus expectativas sobre el nivel de competencia que existirá en las elecciones.

            Después de plantearse la decisión sobre si ejercitar o no el derecho al voto, el votante debe elegir al partido al que va a prestar su apoyo.   En principio, podría suponerse que el votante deseará obtener la mayor cantidad de información posible, lo que sería cierto si su obtención no implicara coste alguno para el individuo, pero hemos comprobado con anterioridad que no se produce este hecho. También hemos observado anteriormente que, dada la gran cantidad de ciudadanos que pueden votar en una elección democrática, la probabilidad de que un voto individual sea decisivo para el resultado final de la votación es muy pequeño.         Está claro, no obstante, que el acierto o el error en la votación no suele subordinarse a una cuestión de satisfacción personal, obtenida mediante la cesión del voto al partido que mejor defiende los intereses del votante. Si añadimos la posibilidad de que las posiciones de los diversos partidos en liza sean muy cercanas, en un intento de ganarse el apoyo de la mayoría del electorado, las posibilidades pérdidas que se deriven del hecho de que el partido elegido no sea el vencedor serán evidentemente mínimas.

            En función de los hechos expuestos se obtiene una conclusión que puede parecer sorprendente: en general, aquel votante que considere dado  el comportamiento de los demás, si sigue una línea de conducta racional, no tratará de obtener una información política con objeto de definir su voto.     De todos modos conviene matizar esta afirmación, para evitar interpretaciones excesivamente simplistas sobre el funcionamiento de la vida política en una democracia. Siguiendo a Anthony Downs, podemos decir que de la anterior conclusión no se deduce que los ciudadanos políticamente bien informados estén actuando de una forma racional.

            Otro factor que justificaría la necesidad de un individuo racional de procurarse información política reside en el posible efecto propagandístico que se derivaría de la utilización de una buena información para emprender una serie de aciones, con el objetivo de que el gobierno otorgue a sus preferencias una atención mayor que la de los otros votantes.

            Por último, el individuo puede formar parte de un grupo de presión y acaso necesite una buena información para actuar adecuadamente e influir en la formación de la política gubernamental.   Sin embargo, y salvo este tipo de supuestos, es evidente que el ciudadano que intente adquirir un volumen de información por encima de la información «gratuita», común para todos los individuos, estará actuando de forma irracional. En efecto, los beneficios que reporte la puesta en práctica de un determinado programa político afectarán positivamente a todas aquellas personas cuyos intereses estén representados por dichos programas, con independencia de si han contribuido con su voto efectivo al triunfo de esa alternativa.

            Esta descripción del comportamiento individual es inmediatamente extensible a todos los componentes de una colectividad, por lo que, en definitiva, ninguna destinará parte de sus recursos para la obtención de información. Como consecuencia de este proceso, los sistemas políticos democráticos implican la existencia de una actuación ineficiente provocada por la minimización de la inversión en información política por parte del ciudadano racional.           

El funcionamiento de los sistemas multipartidistas

            Un aspecto fundamental que conviene tener presente en el análisis de cualquier sistema democrático es el relacionado con el procedimiento de votación aplicado, que condiciona en gran medida la estructura y el funcionamiento del sistema político en cuestión.       Existe ya un elevado número de estudios que demuestran la influencia de las reglas de votación sobre el número de partidos, u opciones políticas, y sobre los objetivos últimos de los mismos.

            Esta problemática resulta particularmente interesante en aquellas elecciones que dan lugar a un único candidato, o partido vencedor en un determinado distrito. Si se enfoca ésta cuestión a la inversa es fácil observar que, en una votación de ganador único, la obtención del triunfo requiere la obtención del 50 por 100 de los votos si se quiere asegurar la victoria.

            En los sistemas de representación múltiple aumentan las posibilidades de la existencia de varios candidatos que, al entrar en competencia, adoptarán distintos programas y permitirán que la mayoría de los votantes estén representados por un candidato de sus preferencias.

            La literatura sobre los procesos de elecciones públicas ha propuesto una serie de variantes que permiten superar los problemas antes señalados. En principio, es de esperar que en un sistema de representación proporcional exista una mayor variedad de candidatos o partidos que representen la práctica totalidad de las opiniones políticas de los ciudadanos.      Sin embargo, en los sistemas parlamentarios, el gobierno es elegido por el partido mayoritario, o por una coalición de partidos que representan una mayoría.

            En resumen, puede afirmarse que los sistemas de representación proporcional reflejan de una manera más exacta las preferencias de los votantes que los restantes sistemas, hecho que se manifiesta en la existencia de un elevado número de partidos en el parlamento, que se supone representar una amplia gama de posiciones políticas. 

Grupos de presión y coaliciones políticas

            El funcionamiento de un sistema político democrático, tal como ha sido expuesto, exigía el establecimiento de algunos supuestos que se alejan considerablemente de la realidad. En cuanto se refiere al estudio de los votantes, hemos supuesto hasta el momento la existencia de un votante racional que adopta sus decisiones en función de los beneficios o pérdidas esperados que reparte su acción y que desea obtener un determinado grado de información de acuerdo con la rentabilidad esperada de la misma, todo ello desde un prisma netamente individual.

            Para la formación de un grupo de presión es condición necesaria que exista una serie de intereses comunes entre determinados individuos.          Para explicar  la formación de estos grupos, la condición suficiente reside en el cumplimiento de tres condiciones fundamentales:

            1) En grupos pequeños de personas, todos son conscientes de que las acciones sobre intereses comunes sólo pueden llevarse a cabo si todos los individuos adoptan un comportamiento solidario, que puede venir apoyado incluso en la presión social.

            2) La existencia de incentivos selectivos, es decir, de una serie de bienes y servicios de los que sólo pueden beneficiarse los miembros del grupo, sería otra condición explicativa de la formación de un grupo de presión.

            3) Pueden existir una serie de factores que fuercen a algunos individuos a agruparse con el fin de defender sus intereses, a falta de cauces más efectivos.

            Cualquier sujeto que desee, ser un miembro efectivo de un grupo de presión debe persuadir al partido gobernante de que las políticas que propugna son deseadas por un gran número de ciudadanos y/o son beneficiosas para el resto del electorado.

            Como hemos señalado, un grupo de presión debe estar compuesto por individuos que sean auténticos expertos en las áreas políticas en las que tienen que poner de manifiesto su influencia, para lo cual necesitan adquirir un gran volumen de información que les representa costes muy elevados.    Prescindiendo de su actividad concreta, es posible definir una serie de elementos comunes que conforman el comportamiento de un grupo de presión. El elemento básico de su actividad consiste en la negociación o intercambio de votos.

            Al igual que sucedía con el estudio del comportamiento del votante racional, la aplicación del concepto económico de racionalidad en el análisis de los grupos de presión produce unos resultados que contradicen las ideas generales existentes sobre el funcionamiento de una democracia. Después de examinar el comportamiento de los votantes en una democracia  es conveniente volver a introducir la otra variable esencial del problema: los partidos políticos.

            Al igual que sucede con los votantes, es posible que los partidos políticos se vean inducidos a reagruparse en partidos mayores o en coaliciones de partidos, debido a la existencia de unos intereses comunes entre ellos.  Bajo este supuesto Riker establece la hipótesis de la coalición vencedora mínima, según la cual la estrategia óptima de un partido, o coalición, consiste en permitir que la coalición contraria sea tan grande como sea posible, siempre y cuando siga siendo derrotada.

            Riker se apoya en la evidencia empírica para argumentar que la «desintegración» de las grandes coaliciones no se produciría si su único objetivo fuera ganar las elecciones, ya que correrían el riesgo de perder votos y, con ello, su situación de seguridad en el mercado electoral.

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